Rezago en atención a la infancia en México
Por Miguel Melo
En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de este segmento de población, conforme se establece en la Constitución. Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 17 de mayo de 2024, el texto de esta ley garantiza un enfoque integral con perspectiva de derechos humanos en el diseño e instrumentación de políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la realidad social, económica, educativa y de salud de niñas, niños y adolescentes en el país dista notablemente del texto constitucional. En un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de finales de la década pasada, se revela que 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método violento de disciplina; de casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes, más de la mitad viven una situación de pobreza y 4 millones en pobreza extrema; 8 de cada 10 niñas y niños de sexto año de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación; además, 1 de cada 3 niñas y niños de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad.
En las conclusiones de ese informe, la Unicef alertó al gobierno de México para “priorizar la cobertura de los principales programas y servicios a los grupos tradicionalmente excluidos, tales como las poblaciones indígenas, las familias con miembros con alguna discapacidad, y las niñas y las adolescentes”. Adicionalmente, la organización recomendó mejorar la calidad y oferta de los programas y servicios sociales para grupos de la población menor a 18 años, lo cual implicaría considerar las particularidades de la primera infancia, la edad escolar y la adolescencia.
Ante los indicadores desfavorables en salud y económicos para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, en el país en los últimos años se ha agravado una situación de alta peligrosidad, pues organismos nacionales como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierten que podría haber entre 30 mil y 45 mil infantes mexicanos en actividades delictivas y alrededor de 250 mil se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado; además, señalan que cada vez hay más niñas explotadas sexualmente, delito que tuvo un incremento importante tras la pandemia.
Por su parte, el gobierno federal mexicano ha instrumentado en la presente década una política social con mayor atención al bienestar, que incluye mayores recursos a programas dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del sistema educativo público, también a quienes presentan alguna discapacidad y para madres trabajadoras en condiciones económicas de vulnerabilidad.
En atención a la salud de 12 millones de niñas y niños del sistema de educación básica pública, en fecha reciente se puso en marcha una estrategia gubernamental que pretende vincular el tema de la salud con la educación, se anunció que más de 700 brigadas integradas por especialistas y servidores públicos recorrerán el país en fomento de la prohibición a la venta de comida llamada chatarra y bebidas azucaradas al interior de las escuelas, así como atender la prevención de la salud física y mental, y contra las adicciones. Se trata, dijo el secretario de Educación Pública en la puesta en marcha de la presente estrategia, “de garantizar el derecho a la educación y la salud como pilares del bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Lo anterior es un paso en el largo trecho del rezago en la atención de las necesidades no resueltas de la niñez en México. La deuda es grande con nuestras infancias, sobre todo ahora que además de pobreza viven un constante acecho por la violencia intrafamiliar y la violencia criminal. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 322 mil menores de 1 año fallecieron por enfermedades, lesiones u homicidios de 2010 a 2022, y 3 mil 332 menores de 6 años fueron reportados como desaparecidos de 2020 a 2023, de los cuales cerca de mil 100 siguen ausentes.
Referencias:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 04/12/2018,
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico
Gaceta UNAM, 18/11/2021, (Laura Romero),
Secretaría de Educación Pública, 25/02/2025,
El Economista, 30/04/2024, (Nelly Toche),
Diseño: Eimee Hernández.